De nuestra consideración:
Hemos recibido información preocupante en relación con la amenaza de desalojo de más de cinco mil familias en el área de conurbanización entre las ciudades de San Antonio y Cartagena, Región de Valparaíso. Son amenazas que ponen en riesgo el cumplimiento del derecho humano a una vivienda adecuada, al cual el Estado de Chile está obligado por haber ratificado el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de las Naciones Unidas, además de otros instrumentos internacionales en la materia.
Es de extrema relevancia que el Estado tome cartas en el asunto, desarrollando a la brevedad los esfuerzos de coordinación y diálogo necesarios para responder a la complejidad territorial, urbana, habitacional, social, ambiental y cultural, relacionada a esta amenaza de desalojo forzoso.
Conforme al PIDESC y a las Observaciones Generales 4 y 7 en materia de derecho humanos a una vivienda adecuada y desalojos, es además obligación del Estado detener a tiempo los daños sociales, materiales y humanos implícitos en toda orden de desalojo.
En particular, solicitamos expresadamente:
- Abrir un diálogo real hacia soluciones concretas para el bien de todas y todos;
- Detener las órdenes de desalojo, respetando y protegiendo el derecho humano a una vivienda adecuada;
- Responder a través del Plan de Emergencia Habitacional, PEH 2022–2025;
- Desarrollar una línea de comunicación directa para detener la ola de desinformación que nos afecta y complica aún más el problema local y nacional;
- Planificar el desarrollo del puerto y sus accesos, en equilibrio con las exigencias de convivencia y buen vivir de toda la población;
- Hacer efectivo el desarrollo de la conurbanización San Antonio-Cartagena con un plan de ordenamiento territorial, mediante un plan maestro, con soluciones habitacionales diversas, generando zonas de resguardo de la naturaleza, respetando la biodiversidad, como un parque entre ambas comunas.
Exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado ante la sociedad, en conformidad con los derechos humanos y las necesidades de la población, especialmente sus sectores más vulnerables.
Esperamos conocer sus buenos esfuerzos para lograr una solución socialmente equitativa a esta situación.
Atentamente,
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