Cuando los primeros casos de COVID-19 aparecieron en los titulares hace un año y medio, pocas personas habrían imaginado la magnitud que alcanzaría la pandemia y las desastrosas consecuencias que tendría. Lo que empezó como una crisis sanitaria, se convirtió rápidamente en una crisis de medios de vida y alimentaria. Millones de personas han perdido sus empleos y fuentes de ingresos, especialmente las que trabajan en el sector informal. Sin regímenes de protección social, o con regímenes inadecuados, el número de personas que padecen hambre ha aumentado en 161 millones en solo un año.
El Informe de la Red Global por el Derecho a la Alimentación y la Nutrición sobre el estado del derecho a la alimentación y a la nutrición de este año pone el foco en el derecho a la alimentación y a la nutrición en el contexto de la pandemia de COVID-19. Analiza las medidas que han adoptado los gobiernos para contener la propagación del virus y los efectos que han tenido en los distintos grupos de población. También proporciona información sobre las formas en que las comunidades y los grupos de la sociedad civil de todo el mundo se han autoorganizado para enfrentar la crisis y apoyar a las personas necesitadas.
El informe muestra patrones sorprendentemente similares en todas las regiones. No obstante, también recalca que las repercusiones distan mucho de ser las mismas para todas las personas. En todas las sociedades, la pandemia y las medidas para contenerla afectaron más a los grupos marginados y desfavorecidos.
En muchos casos, no se tomaron precauciones ni se aplicaron las excepciones pertinentes para proteger los derechos de estos grupos y defenderlos frente a los efectos de las medidas restrictivas. En la mayoría de los países, los regímenes de protección social han demostrado ser incapaces de proteger a las personas más necesitadas y de apoyarles para recuperarse.
La pandemia dejó al descubierto la discriminación, las desigualdades y las exclusiones estructurales que sustentan nuestras sociedades y que hacen que las personas sean vulnerables al hambre y la malnutrición. Ha puesto de relieve las condiciones de trabajo precarias e inseguras en las que se encuentran las personas trabajadoras de la alimentación y la agricultura, y especialmente las personas trabajadoras migrantes, y el acceso limitado que tienen a los servicios básicos y a la protección social. Asimismo, ha subrayado la difícil situación de los pueblos indígenas y otras comunidades rurales, que privados de sus territorios y del acceso a los recursos naturales han acabado con escasa resiliencia para hacer frente a
la pandemia y la crisis alimentaria conexa.
En todas las regiones, el colosal aumento del trabajo de cuidados recayó en gran medida sobre los hombros de las mujeres, que a su vez han sido más propensas a perder sus empleos. Igualmente, las mujeres han tenido que soportar mayores niveles de estrés, ya que a menudo son las responsables de que haya alimentos en la mesa. Por si fuera poco, se han enfrentado a una escalada de la violencia doméstica. Las niñas y los niños que viven en la pobreza han sufrido la falta de comidas escolares o la reducción de la calidad de las mismas. En algunos casos, se han visto obligados a realizar trabajos peligrosos para ayudar a sus familias a llegar a fin de mes.
En el informe también se destaca cómo los gobiernos han utilizado la pandemia para militarizar (aún más) las sociedades e imponer por la fuerza leyes, politicas y proyectos perjudiciales. En este sentido, la pandemia ha servido de pretexto perfecto para silenciar las protestas sociales, atacar violentamente a las comunidades y criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos.
El informe señala, por un lado, la vulnerabilidad de múltiples capas producida por el sistema alimentario industrial mundial y, por otro, la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y los y las productoras de alimentos a pequeña escala en tiempos de crisis.
El sistema alimentario industrial no solo está asociado al aumento de enfermedades zoonóticas como la COVID-19, sino que también incrementa el riesgo de infecciones graves, por ejemplo, a través de la promoción de productos alimentarios ultraprocesados y la exposición de las personas a los agrotóxicos. Además, su dependencia de las cadenas de suministro largas y de los insumos agrícolas comerciales ha hecho que quienes dependen de él sean vulnerables a las perturbaciones del comercio mundial y las fluctuaciones de los precios. Por el contrario, los sistemas alimentarios campesinos locales basados en la agroecología han demostrado ser muy resilientes en medio de la crisis y han encontrado formas innovadoras de afrontarla. En todas las regiones se ha producido un aumento del interés por la agroecología, la agricultura apoyada por la comunidad y los huertos urbanos y comunitarios, y se han creado nuevas redes entre las comunidades rurales y urbanas.
Esto sucede a pesar de que muchos gobiernos han mostrado un sesgo hacia el sistema alimentario corporativo y en contra de las personas productoras a pequeña escala en sus respuestas a la pandemia, especialmente al principio de esta.
Esto incluyó, por ejemplo, el cierre de los mercados campesinos e informales al tiempo que se permitió que los supermercados permanecieran abiertos, la introducción de toques de queda que interferían con las rutinas de trabajo de la pesca a pequeña escala, las restricciones de movimiento que impidieron a los campesinos, especialmente a las mujeres, acceder a sus tierras, o el cierre de fronteras que obstaculizó a las y los pastores en la búsqueda de forraje.
Ha habido una enorme solidaridad y organización comunitaria en todas las regiones para hacer frente a la crisis y apoyar a las personas necesitadas. Los productores de alimentos a pequeña escala se han organizado para donar e intercambiar sus productos por todo el mundo. Las mujeres rurales han intercambiado sus conocimientos sobre plantas medicinales y los han puesto a disposición de las poblaciones necesitadas. Las comunidades y los grupos de la sociedad civil han organizado despensas y comedores comunitarios, mientras que las iniciativas de agricultura apoyada por la comunidad han buscado nuevas fórmulas de solidaridad para incluir a las personas con menos recursos.
De cara al futuro, será fundamental aprender de las lecciones de la pandemia y las respuestas a esta. No debemos olvidar que el hambre y la malnutrición ya existían antes, y de hecho iban en aumento desde hace años. Por lo tanto, la construcción de un “nuevo mañana” ha de ir más allá de “arreglar las cosas” y afrontar la discriminación, las desigualdades y las exclusiones estructurales que han creado y proyectos perjudiciales. En este sentido, la pandemia ha servido de pretexto perfecto para silenciar las protestas sociales, atacar violentamente a las comunidades y criminalizar a las personas defensoras de los derechos humanos.
El informe señala, por un lado, la vulnerabilidad de múltiples capas producida por el sistema alimentario industrial mundial y, por otro, la resiliencia de los sistemas alimentarios locales y los y las productoras de alimentos a pequeña escala en tiempos de crisis.
El sistema alimentario industrial no solo está asociado al aumento de enfermedades zoonóticas como la COVID-19, sino que también incrementa el riesgo de infecciones graves, por ejemplo, a través de la promoción de productos alimentarios ultraprocesados y la exposición de las personas a los agrotóxicos. Además, su dependencia de las cadenas de suministro largas y de los insumos agrícolas comerciales ha hecho que quienes dependen de él sean vulnerables a las perturbaciones del comercio mundial y las fluctuaciones de los precios. Por el contrario, los sistemas alimentarios campesinos locales basados en la agroecología han demostrado ser muy resilientes en medio de la crisis y han encontrado formas innovadoras de afrontarla. En todas las regiones se ha producido un aumento del interés por la agroecología, la agricultura apoyada por la comunidad y los huertos urbanos y comunitarios, y se han creado nuevas redes entre las comunidades rurales y urbanas.
Esto sucede a pesar de que muchos gobiernos han mostrado un sesgo hacia el sistema alimentario corporativo y en contra de las personas productoras a pequeña escala en sus respuestas a la pandemia, especialmente al principio de esta.
Esto incluyó, por eje plo, el cierre de los mercados campesinos e informales al tiempo que se permitió que los supermercados permanecieran abiertos, la introducción de toques de queda que interferían con las rutinas de trabajo de la pesca a pequeña escala, las restricciones de movimiento que impidieron a los campesinos, especialmente a las mujeres, acceder a sus tierras, o el cierre de fronteras que obstaculizó a las y los pastores en la búsqueda de forraje.
Ha habido una enorme solidaridad y organización comunitaria en todas las regiones para hacer frente a la crisis y apoyar a las personas necesitadas. Los productores de alimentos a pequeña escala se han organizado para donar e intercambiar sus productos por todo el mundo. Las mujeres rurales han intercambiado sus conocimientos sobre plantas medicinales y los han puesto a disposición de las poblaciones necesitadas. Las comunidades y los grupos de la sociedad civil han organizado despensas y comedores comunitarios, mientras que las iniciativas de agricultura apoyada por la comunidad han buscado nuevas fórmulas de solidaridad para incluir a las personas con menos recursos.
De cara al futuro, será fundamental aprender de las lecciones de la pandemia y las respuestas a esta. No debemos olvidar que el hambre y la malnutrición ya existían antes, y de hecho iban en aumento desde hace años. Por lo tanto, la construcción de un “nuevo mañana” ha de ir más allá de “arreglar las cosas” y afrontar la discriminación, las desigualdades y las exclusiones estructurales que han creado las condiciones para que la crisis golpee de forma tan dramática y desigual.
Leen la nueva publicación de la Red Mundial Informe sobre el Estado del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición 2021.
