Declaración: La orden de demolición, otra amenaza específica de desalojo
El caso del campamento Terrazas del Marga Marga, en el sector Calichero de la comuna de Quilpué, es complejo y está abriendo una peligrosa veta en la ola de desalojos que está viviendo Chile.
Estamos ante una situación de violencia y violación de derechos humanos, que afecta a una comunidad de 120 familias, establecidas en un campamento desde hace tres años, que cuenta con registro actualizado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Minvu, en marzo de 2024, y con catastro de Techo, también de 2024. Esta comunidad puede quedar en pocos días en la calle por una orden de demolición, sin orden de desalojo.[1]
Como lo demuestra Patricio Hermann,[2] las órdenes de demolición no se cumplen en Chile. Por lo general, se trata de edificios vacíos que, por no respetar la normativa establecida por la Ley General de Urbanismo y Construcciones, LGUC, tienen orden de demolición. Ya sea en las comunas de Estación Central, Recoleta, o el Hotel Punta Piqueros en Concón, aparecen arreglines y las órdenes de demolición no afectan al capital invertido.
Mientras tanto, ordenar la demolición de construcciones precarias, que son el hogar de familias vulnerables en tomas de terreno, aparece como una vía administrativa más específica para seguir desalojando, sin tener que pasar por la justicia – sin siquiera aplicar la Ley de Usurpación (N°21.633 de noviembre de 2023), cuyo veto presidencial exigió que el desalojo de inmuebles registrados por el Minvu se dirime en tribunales. La orden de demolición de viviendas en tomas de terrenos garantiza la recuperación del propietario afectado, sin que las familias puedan recuperar los materiales de sus construcciones precarias, tal como lo establecen distintos artículos sobre construcciones en terreno ajeno y prestaciones mutuas en el Código Civil.
Mandar a demoler una construcción es atribución municipal a través de los artículos 150 y 153 de la LGUC; también puede hacerlo una Seremi Minvu. Ordenar la demolición de un conjunto de construcciones en las cuales viven familias vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, con sus instrumentos legales de notificaciones, espacios de recursos de protección y/o de negociación entre las partes.
Son muchos los desalojos y las amenazas de desalojo en el país. Estimamos que afectan a unas quince mil familias.[3] La práctica de nuestro observatorio de desalojos nos hace ver que cada caso es otra historia inserta en un contexto jurídico específico; pueden ser lanzamientos administrativos, o judiciales por ocupación de terrenos de propiedad pública o privada, o temas de seguridad contra narcotraficantes. Además, el monitoreo de desalojos nos evidencia tendencias que se repiten, en el sentido de no cumplir con los principios que consagra la Constitución Política de la República de Chile, ni con las obligaciones de Estado contraídas a través de Tratados Internacionales, como la Observación General N°7 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.[4]
Instamos al Gobierno, a través de la Seremi Minvu de la Región Valparaíso, a invalidar la orden de demolición del Campamento Terrazas del Marga Marga, evitando de esta forma una señal de política pública discriminatoria y excluyente, que viola los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y niños.
Ofrecemos nuestro apoyo para seguir implementando la Resolución Exenta N°4.475 de la Subsecretaría del Interior del 04 de octubre de 2024, que apunta a una revisión de cada notificación de desalojo, desde una mesa técnica intersectorial y regional, en función de los derechos de todas las personas a un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad, especialmente en un momento de emergencia habitacional, con poca oferta de acceso a la vivienda de bajo costo, en propiedad o arriendo, y de un gran flujo migratorio.
Antofagasta, Santiago, Valparaíso / 28 de octubre de 2024
Foto: Toma de Quilpué. Fuente: Agencia UNO/Referencial.
Notas
[1] La comunidad del campamento Terrazas del Marga Marga ocupa desde 2021 un terreno cuyo dueño, Ingeniero Alejandro Correa, fue asesinado por una disputa de linderos con un vecino, que pagó a un sicario en mayo de 2020.
[2] Patricio Hermann, 2024, https://opinion.cooperativa.cl/opinion/urbanismo/en-chile-no-se-demuelen-los-edificios-ilegales/2024-07-08/155620.html
[3] Hay órdenes de desalojo, por ejemplo, como la que pesa desde mayo de 2023 sobre unas cuatro mil familias en San Antonio; otra que se hizo efectiva el 16 de mayo de 2024 para dejar a 200 familias en la calle después de haber vivido cinco años menos un día en la Toma 17 de Mayo en Cerro Navia; otra como el Campamento Puerto Príncipe con 130 familias haitianas en Curicó. Más información en: https://ddhhydesalojos.cl/2024/09/24/estimacion-de-la-magnitud-y-caracteristicas-de-los-desalojos-forzados-en-chile-a-traves-del-analisis-de-casos-mediaticos-2019-2024/
[4] Más información, ver propuesta de protocolo sobre las condiciones de desalojo en: https://ddhhydesalojos.cl/2024/05/31/hacia-un-protocolo-de-desalojos-y-derechos-humanos/
